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Competencias en salud pública

  • Cesar Gattini
  • 2 ago 2021
  • 2 Min. de lectura

La adecuada capacidad y competencias en salud pública contribuyen a asegurar la buena y efectiva práctica de la disciplina y práctica en apoyo al conocimiento, gestión y acción en salud de la población.

Para los profesionales y personal de salud que desde distinta formación disciplinaria original se desempeñan en salud pública, se requiere contar con algunas competencias básicas, entre las cuales destaca contar con capacidades, habilidades y experiencia para:


• Conocimiento y aplicación de métodos estadísticos y epidemiología (con el apoyo

informático) que además se aplique a la vigilancia, monitoreo, evaluación y análisis en

materias de salud pública;

• Investigación aplicada a salud y de sistemas de salud y análisis en situación de salud;

• Orientaciones, análisis y desarrollo de planificación, estrategias desarrollo, gestión y

desempeño del sistema de salud;

• Promoción y prevención de salud, y estrategia de atención primaria y educación

sanitaria;

• Gestión de salud pública y de sistemas de salud (desde la perspectiva de salud

pública);

• Capacitación en liderazgo, desarrollo y capacitación de los recursos humanos;

• Capacidad de trabajo entre agencias, así como colaborativo intersectorial y con la

comunidad;

• Preparación y respuesta a emergencias y crisis en salud pública


En la Conferencia Mundial sobre Determinantes Sociales de la Salud en Río de 2011, los jefes de Estado y representantes de los países realizaron una declaración política que, entre otros, reconocen que se necesitan más esfuerzos para acelerar los avances encaminados a resolver la distribución desigual de los recursos en materia de salud, así como sobre las condiciones perjudiciales para la salud a todos los niveles.


Se formuló la voluntad política de asumir la equidad sanitaria como un objetivo a escala nacional, regional y mundial y de abordar los principales problemas actuales, tales como la erradicación del hambre y la pobreza, la garantía de la seguridad alimentaria y nutricional, el acceso un agua potable segura y al saneamiento, el empleo y el trabajo digno, la protección social, la protección del medio ambiente y el fomento de un crecimiento económico equitativo.





 
 
 

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